Por: Jorge Hernán Peláez
El dilema económico que enfrenta actualmente el Gobierno es de compleja resolución con un presupuesto desfinanciado y una necesidad urgente de recaudar fondos.
Las finanzas públicas se ven amenazadas por un fenómeno que, aunque invisible para muchos, le cuesta al país cerca de medio billón de pesos al año. Se trata del subsidio al diésel, en particular, el uso indebido de los recursos del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). En un contexto de presunta austeridad y con las cuentas al límite, Petro se ve obligado a optimizar el recaudo. El cambio de director de la DIAN va en esa línea. En el caso de un sector tan sensible como el de los hidrocarburos no se puede dar el lujo de dejar de generar ingresos ni de seguir permitiendo gastos improductivos.
En septiembre pasado, el Ministerio de Minas y Energía presentó un proyecto de decreto destinado a corregir una de las fugas más importantes dentro del subsidio al diésel: la venta de combustible subsidiado a las empresas denominadas quemadores industriales.
Estas compañías, que emplean el diésel subsidiado en la producción de otros hidrocarburos derivados del petróleo, han incrementado su consumo de forma notable, cargando al FEPC más de 298 mil millones de pesos entre enero y julio de 2024, según cifras oficiales publicadas en el documento soporte.
El objetivo del proyecto es muy claro: se busca eliminar el subsidio a estas empresas puntuales y con esto garantizar que el beneficio del FEPC llegue exclusivamente a los consumidores finales, como los transportadores o las electrificadoras en Zonas no Interconectadas, quienes realmente necesitan el apoyo del Estado para mantener sus operaciones a flote en un contexto económico desafiante.
Por alguna extraña razón, este proyecto de decreto ha quedado estancado en la Superintendencia de Industria y Comercio, un atasco administrativo que ha permitido que el costo de este subsidio continúe creciendo, a expensas de las arcas públicas.
El costo de no actuar por burocracia o ineficiencia es significativo y creciente. Cada mes que pasa sin una decisión respecto al decreto, el Estado colombiano sigue perdiendo recursos que podrían destinarse a otras áreas críticas, como la salud, la educación o la infraestructura. En un escenario de restricciones fiscales y de medidas de austeridad, cualquier salida económica potencial se vuelve aún más valiosa. Posponer la implementación de esta norma parece ser una forma de procrastinación fiscal que puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo.
El FEPC, en teoría, es un mecanismo diseñado para mitigar el impacto de las fluctuaciones del precio de los combustibles, especialmente el diésel, un insumo esencial en la economía. No obstante, este fondo está siendo mal utilizado por este tipo de empresas que no deberían estar recibiendo subsidios.
El costo total del subsidio FEPC en 2024 ascendió a 7 billones de pesos, de los cuales medio billón corresponde a esta distorsión por incentivos económicos. Estos son cálculos oficiales del propio Ministerio de Minas y Energía.
El Gobierno debe entender que, en este momento de austeridad y con presupuesto ajustado, cada peso cuenta. El subsidio a quemadores industriales no solo es innecesario, sino que es profundamente ineficiente.
