Colombia avanza en ajustes regulatorios que podrían tener un impacto directo sobre la liquidez y sostenibilidad financiera de miles de pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda lideran actualmente una propuesta de modificación al Decreto 1154 de 2020, norma que dio vida jurídica al RADIAN, el sistema administrado por la DIAN para registrar electrónicamente la circulación y negociación de facturas electrónicas como activos de financiamiento.
Para la Asociación Colombiana de Factoring Electrónico (ASOFACE), esta revisión representa una oportunidad clave para fortalecer el acceso de las empresas a mecanismos de capital de trabajo y consolidar la factura electrónica como una verdadera infraestructura financiera para el aparato productivo colombiano.
Hoy el país cuenta con más de 1,5 millones de facturadores electrónicos y más de 1,7 millones de facturas negociadas a través del RADIAN, movilizando cerca de $48 billones de pesos. Sin embargo, el acceso sigue estando concentrado: de las más de 1,56 millones de empresas formales activas en Colombia, apenas alrededor de 47.000 pymes están habilitadas actualmente para negociar sus facturas electrónicas.
“Colombia logró construir una de las infraestructuras digitales tributarias más avanzadas de la región, pero todavía tiene un reto pendiente: convertir esa capacidad tecnológica en acceso real a liquidez para las pymes”, afirma Juliana Carmona, Presidente Ejecutiva de ASOFACE.
Según el gremio, uno de los puntos centrales de la propuesta normativa consiste en fortalecer las condiciones para que la factura electrónica pueda circular de manera más ágil y eficiente como título valor, permitiendo que más empresas transformen sus cuentas por cobrar en liquidez inmediata.
En la práctica, muchas pymes siguen dependiendo no solo de vender y facturar, sino también de la dinámica operativa y administrativa de sus grandes clientes para poder registrar la aceptación de sus facturas en el sistema y acceder a mecanismos de financiación.
“La discusión de fondo no es únicamente tecnológica o normativa. Hoy la liquidez de muchas pymes depende de trámites y validaciones de los pagadores que frenan el acceso oportuno a capital de trabajo. El desafío es lograr que la factura electrónica pueda convertirse realmente en una herramienta eficiente de financiación empresarial y autónoma”, explica Carmona.
El factoring electrónico permite que las empresas conviertan facturas a 30, 60 o 90 días en recursos inmediatos, sin recurrir necesariamente a endeudamiento bancario tradicional. Para miles de mipymes, esto representa una herramienta fundamental para sostener su operación, pagar nómina, invertir y crecer.
ASOFACE considera además que el fortalecimiento regulatorio debe venir acompañado de mayores esfuerzos de pedagogía empresarial y de mecanismos que permitan ampliar el acceso a financiamiento para más mipymes.
Asimismo, el gremio insiste en que los grandes pagadores tienen un papel determinante en la construcción de cadenas de valor más sostenibles y resilientes, facilitando mecanismos que agilicen el flujo de caja de sus proveedores.
“La factura electrónica ya transformó la manera en que el país factura y controla operaciones. El siguiente paso es lograr que esa transformación también se convierta en una herramienta real de liquidez, competitividad y crecimiento para las empresas colombianas”, concluye Juliana Carmona
