El 52% de los funcionarios públicos prevé un impacto de la IA en su productividad: la gobernanza de datos será el reto principal
La inteligencia artificial (IA) en el sector público ha entrado en una fase decisiva: dejó de ser un terreno de experimentación o herramientas aisladas para convertirse en el motor operativo de las instituciones de América Latina. En un entorno regional caracterizado por transiciones institucionales y demandas ciudadanas crecientes por mejores servicios, seguridad, transparencia y mayor confianza en las instituciones, el verdadero reto de los gobiernos radica en construir capacidades tecnológicas sostenibles que trasciendan las administraciones de turno.
Esto implica entender que, en el sector público, la eficiencia tecnológica debe avanzar al mismo ritmo que la legitimidad institucional: una IA pública requiere principios de confianza, datos gobernados, trazabilidad, explicabilidad, supervisión humana y capacidad de demostrar cómo y por qué se toman decisiones que impactan a la ciudadanía.
De acuerdo con el estudio global Reimagining the future of public sector productivity, desarrollado por Economist Impact y patrocinado por SAS, el 52% de los empleados públicos asegura que la IA tendrá un impacto significativo en la productividad de sus organizaciones en el corto plazo. Este interés se ve reflejado en áreas estratégicas: el 66% de las entidades ya explora la analítica predictiva para anticipar riesgos económicos o sociales, mientras que un 54% implementa estas tecnologías para robustecer la prevención del fraude.
En este escenario de modernización, países como Colombia han dado pasos regulatorios fundamentales, como el diseño del CONPES 4144, que traza una hoja de ruta para el aprovechamiento ético de la IA con una inversión estimada de $479.000 millones de pesos hacia el 2030. No obstante, el éxito de estos esfuerzos no depende únicamente de la adquisición de tecnología, sino de la robustez de sus datos y de marcos estrictos de gobernanza.
Al respecto, Marcelo Laranjeira, Latin America Public Sector Leader de SAS, destaca: «Más allá de los ciclos políticos, los gobiernos necesitan capacidades de datos, analítica e IA que les permitan tomar mejores decisiones, prestar mejores servicios y mantener la confianza ciudadana. La IA pública solo podrá escalar si se construye sobre datos confiables, gobernanza, trazabilidad, supervisión humana y legitimidad institucional».
El dato como cimiento y la supervisión humana como límite
Uno de los errores y casos más comunes detectados en la región es priorizar el algoritmo por encima de la calidad de la información. De hecho, el reto se presenta como estructural: de acuerdo con la OCDE, aunque la mayoría de los gobiernos ha avanzado en estrategias de datos, todavía persisten brechas en su implementación operativa, especialmente en estándares de calidad, interoperabilidad y reutilización. En su Digital Government Outlook 2026, la organización señala que el 94% de los países OCDE cuenta con una estrategia de datos para el sector público, pero solo el 64% reporta estándares formales para evaluar la calidad de esos datos.
Esta brecha resulta especialmente relevante para la región, donde las entidades públicas administran grandes volúmenes de información que, en muchos casos, permanecen fragmentados o distribuidos en silos interinstitucionales.
El reporte de Economist Impact revela que el 70% de las agencias gubernamentales prefiere adoptar nuevas tecnologías solo después de comprobar su efectividad en otros entornos, lo que valida la necesidad de procesos graduales, auditables y medibles. Sobre este punto, Laranjeira agrega: «Muchas organizaciones quieren avanzar rápido en inteligencia artificial, pero descubren que su principal reto no está en el modelo, sino en la base de datos que lo alimenta. Además, la IA debe verse como una herramienta para amplificar la capacidad de los equipos públicos, no como un reemplazo del juicio humano. En decisiones con impacto ciudadano, la supervisión humana y la responsabilidad institucional siguen siendo indispensables».
La compañía enfatiza en que la productividad pública no debe traducirse en recortes de personal, sino en la reducción de fricciones administrativas, agilización de trámites y en la liberación de capacidades de los funcionarios para enfocarse en labores de mayor valor social. La analítica avanzada no sustituye el rol del Estado, sino que amplifica su capacidad para edificar instituciones más resilientes, eficientes y predictivas.
