Aunque aún existen dudas y desafíos, hoy más que nunca, esta apuesta representa una vía realista y necesaria para construir estados más ágiles, eficientes y confiables. Juana García, profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, opina al respecto.

Cuando los recursos son limitados, la desigualdad digital es una realidad y la burocracia frena el progreso, GovTech se convierte en una estrategia clave. “No se trata de una opción futurista, sino de una herramienta urgente y accesible para atender los desafíos actuales”, dice García.

Para tener una idea de su dimensión, según Carlos Santiso, el mercado global de tecnología gubernamental superó los 566 mil millones de dólares en 2022 y, según el Foro Económico Mundial, podría desbloquear un valor público de 9.8 billones de dólares hacia 2034 —casi el 10% del PIB mundial (World Economic Forum, 2025). En este escenario, los países que se queden atrás en esta revolución corren el riesgo de quedar atrapados en modelos obsoletos e ineficientes.

Uno de los mayores desafíos en los países emergentes ha sido la fuerte dependencia de tecnología extranjera. Durante años, el software y las plataformas utilizadas por gobiernos provienen de multinacionales con soluciones diseñadas para contextos muy diferentes.“Estas herramientas, aunque efectivas en ciertos aspectos, suelen ser costosas, difíciles de adaptar y desconectadas de las necesidades reales de la población local”, opina Juana García.

Pero mientras muchos gobiernos siguen mirando hacia afuera para resolver sus desafíos tecnológicos, cientos de emprendedores locales están desarrollando soluciones innovadoras desde adentro. “Startups con talento, conocimiento del contexto y la flexibilidad necesaria para crear productos ajustados a las necesidades de sus territorios”, explica García. Un informe del BID identificó más de 200 startups GovTech en América Latina, muchas de ellas en fase temprana pero creciendo a un ritmo del 25% anual. Estas empresas tienen la capacidad de generar impacto desde lo local, con costos menores y mayor adaptabilidad.

“Colaborar con startups locales tiene ventajas claras: se desarrollan soluciones más pertinentes, se fortalecen los ecosistemas tecnológicos nacionales, se estimula el empleo y se impulsa la inversión en talento. Además, el capital se queda en el país, circula, y vuelve a generar oportunidades”, explica la profesora García. Algunas de estas empresas no nacieron enfocadas en el sector público, pero tienen tecnologías adaptables.

Cuando el gobierno contrata tecnología a startups locales, no solo mejora sus servicios, también activa un poderoso efecto multiplicador en la economía. Según Cepal, en América Latina, se estima que cada dólar invertido en tecnologías de la información puede generar hasta dos dólares adicionales en actividad económica. “Una dinámica que beneficia a múltiples sectores: desde proveedores de software hasta consultores, especialistas en datos y desarrolladores”, añade García.

Un gobierno que innova junto a su gente también se vuelve más legítimo. La eficiencia, la transparencia y la cercanía digital aumentan la confianza ciudadana. Se reducen los costos ocultos de la burocracia, que en algunos países pueden representar hasta el 15% del tiempo y los recursos de ciudadanos y empresas, según el Banco Mundial. “Se crea un círculo virtuoso: más innovación genera mejores servicios, más empleo, más confianza y más inversión, que a su vez retroalimenta la economía digital local”, explica la profesora.

Aunque el potencial es enorme, no podemos ignorar que existen obstáculos importantes para la adopción de GovTech en países emergentes. Uno de los principales retos es la burocracia en los procesos de contratación pública. Las startups, que trabajan con ciclos cortos y cambios rápidos, suelen quedar fuera de las licitaciones tradicionales, que pueden tomar meses o incluso años. “Esta lentitud no solo frustra la innovación, sino que desincentiva a muchos emprendedores que podrían aportar soluciones valiosas”.

También existe resistencia al cambio dentro del sector público. No todos los funcionarios están preparados o dispuestos a adoptar nuevas herramientas. A veces, por falta de capacitación, temor a la obsolescencia o simplemente por el peso de la inercia institucional. Según Mckinsey, hasta el 70% de las transformaciones organizacionales fracasan por factores humanos y culturales.

Y, por supuesto, existe un miedo muy grande por parte de los emprendedores a quedar involucrados en procesos legales por corrupción, incluso sin haber cometido ninguna falta. “En muchos países emergentes, donde las instituciones aún enfrentan desafíos en materia de transparencia y control, participar en contrataciones públicas puede percibirse como un riesgo reputacional y legal elevado”, explica García. También añade: “las startups, especialmente en etapas tempranas, temen verse atrapadas en investigaciones o auditorías por el simple hecho de haber trabajado con el Estado”.

Para superar esto y liberar el verdadero potencial del GovTech, los gobiernos deben adoptar un enfoque intencional, proactivo y estratégico. “No basta con tener la voluntad de innovar: es indispensable construir un entorno habilitante que facilite la colaboración con startups tecnológicas, minimice riesgos y acelere los procesos de adopción”. Esto implica, en primer lugar, implementar políticas públicas que reconozcan el valor diferencial de las startups GovTech, incluyendo incentivos fiscales y financieros que reduzcan los costos iniciales de trabajar con el Estado. Igualmente importante es modernizar los mecanismos de contratación pública, habilitando modelos más ágiles, flexibles y adaptados a la realidad de startups, como compras por retos, licitaciones simplificadas o acuerdos marco.

Además, los gobiernos pueden crear fondos de co-inversión público-privados, que no solo apalanquen capital para escalar soluciones tecnológicas, sino que también compartan el riesgo y fomenten la participación de actores del ecosistema. Otro instrumento clave son los “sandboxes” regulatorios, espacios seguros donde startups pueden probar sus soluciones en entornos reales bajo supervisión, sin enfrentar de entrada todas las restricciones normativas tradicionales. Estos espacios no solo reducen la incertidumbre, sino que permiten ajustar regulaciones de forma más inteligente y colaborativa. “Estas medidas permiten pasar de una lógica de control y resistencia, a una lógica de colaboración y experimentación, en la que el Estado se convierte en aliado del emprendimiento y no en un obstáculo para la innovación”, expresa García.

En esencia, GovTech es una oportunidad concreta para que los países emergentes den un gran salto hacia adelante. “En lugar de seguir dependiendo de soluciones importadas que muchas veces no entienden su contexto, los gobiernos pueden empezar a mirar hacia adentro, hacia el talento y la creatividad que ya existe en su propio ecosistema”.

Para la experta, este es un momento clave: si los países emergentes deciden liderar la adopción del GovTech con intención, con decisión y con enfoque humano, no solo se preparan para un futuro más digital, sino también para uno más justo, más inclusivo y más esperanzador para todos.